Hemos perdido la cuenta de los días que llevamos confinados trabajando en casa, alumnado y docentes, posiblemente porque hemos dejado de contar los días ante un final impreciso o imprevisible. Ya hay voces que señalan la posibilidad de un final de curso no presencial o como mucho de una incorporación escalonada en junio. Todavía no sabemos que hay de cierto en estas predicciones, pero es normal que empecemos a plantearnos cómo va a ser ese final y cómo van a resolverse algunas cuestiones propias de esas fechas. Hablamos de los currículos inacabados, de las tareas en casa y de las evaluaciones finales; de la promoción o repetición de curso; de la titulación al terminar la ESO, el bachillerato o los ciclos formativos; y de la EvAU o evaluación para el acceso a la universidad.
Trujillo, profesor de la Universidad de Granada, recientemente, en las páginas del Diario de la Educación, imaginaba cuatro posibles escenarios: dos en los que las consecuencias eran asumidas por los centros educativos y otros dos en que las asumían el estado. El primer caso deja en manos de la autonomía de cada centro la evaluación final y presenta un claro riesgo de falta de equidad, teniendo en cuanta las limitaciones de muchas familias con bajos recursos para acceder y resolver las tareas propuestas por el profesorado. El segundo supuesto se basaría en un hipotético ajuste del currículo a objetivos mínimos y la puesta en marcha de la evaluación por parte de cada uno de los centros. Tampoco parece probable este escenario, ya que presenta los mismos inconvenientes que el primero, en cuanto a equidad, al que se le añaden la necesidad de un acuerdo en bachillerato sobre lo que son los mínimos o las dificultades de llevar a cabo una evaluación online justa. Los dos casos no parecen escenarios razonables, teniendo en cuenta la lógica habitual de las administraciones educativas que apuestan más por la intervención que por la autonomía. Quedaría el supuesto de una evaluación positiva condicionada y el de una evaluación positiva sin condiciones, en los dos casos las administraciones educativas tendrían la palabra. En el tercer supuesto, se adoptaría un aprobado general (medida que podría ser impopular entre ciertos sectores de las familias y del profesorado) pero condicionado a la realización y presentación de determinadas tareas en junio. La principal dificultad es cómo afrontar de forma justa estas tareas sin perjudicar a los sectores del alumnado con bajos recursos. Las familias con recursos económicos y culturales pueden ayudar y apoyar a sus hijos en la resolución de las tareas durante el confinamiento, mientras que los alumnados con bajos recursos han podido tener dificultades para acceder a las tareas y no cuentan con apoyos o ayudas para solucionarlos. El cuarto supuesto plantea una evaluación positiva sin condiciones entendiendo que el alumnado y las familias no son responsables de los problemas derivados del confinamiento y que no sería justo por tanto abocar a un sector importante a la repetición de curso, generando además un grave problema de plazas escolares.
El Consejo Escolar del Estado está estudiando el tema y tiene varias propuestas para la reunión de la permanente el martes 7 de abril.
Desde mi punto de vista, las etapas de infantil y primaria, no deben verse especialmente perjudicadas y debería considerarse la promoción automática salvo excepciones justificadas por cuestiones previas al confinamiento. Los currículos son acumulativos de un curso a otro y al menos hasta quinto podrían verse compensados el próximo curso, con más esfuerzo, pero sin especial dificultad. En todo caso sería recomendable la puesta en marcha tanto desde los gobiernos autónomos como desde los ayuntamientos de programas de verano que favorecieran una mayor participación en actividades como colonias, campamentos, ludotecas, bibliotecas infantiles y talleres para compensar las carencias y restablecer la necesaria convivencia y socialización de la infancia.
En cuanto al alumnado de sexto de primaria, ESO y bachillerato pienso en el cuarto supuesto de Trujillo, es decir, por la opción claramente garantista y respetuosa con el derecho a la educación del alumnado. Esto no significa que deba regalarse nada, sino que se respeten los derechos de todos. Esta decisión para hacerse efectiva debe ir acompañada de una serie de medidas complementarias con la finalidad de compensar una actividad escolar presencial no realizada por imperativo sanitario. En primer lugar, durante el verano, debería ponerse en marcha (también en colaboración las dos instituciones) programas de actividades de refuerzo curricular para el alumnado que en las dos primeras evaluaciones hubiera presentado dificultades con bajos resultados. Además, la administración educativa deberá poner en marcha durante el próximo curso un plan de apoyo y refuerzo educativo amplio, especialmente dirigido a e este alumnado y a otros que puedan necesitarlo. Además, debería considerarse que en el primer trimestre del próximo curso se llevara a cabo una revisión de los conceptos más importantes del curso actual.
Me gustaría conocer vuestra opinión…